La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población en el mundo presenta algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial u orgánica, congénita o adquirida, en cualquiera de sus grados,en nuestro paìs viven mas de 2 millones y medio de personas con capacidades diferentes
Ciertamente en Chile faltan políticas públicas adecuadas que apunten efectivamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con capacidades diferentes. Vemos día a día como miles de niños, mujeres, jóvenes y adultos, no pueden siquiera salir de sus casas por falta de recursos técnicos. No existe acceso a una adecuada atención en salud, rehabilitación, educación, a la economía, al trabajo, transporte, calles, veredas ni edificios públicos, entre otros múltiples factores que cruzan verticalmente el tema de la discapacidad.
La política pública se ha basado durante años en un enfoque biomédico de hogares que mantiene a niños, jóvenes aun más excluidos. En particular la referencia que realiza la Fundación Nacional de Discapacitados, en cuanto a la necesidad de un paradigma con enfoque social basado en los Derechos Humanos, es un ejemplo de cómo las políticas de discapacidad precisan cambiar.
Una adecuada legislación solo será posible en la medida que organizaciones y representantes con y sin discapacidad de la Sociedad Civil, realicen con ayuda del Estado, empresarios y personas, acciones de educación e intervención social que permitan enfocar la visión a una mirada más integral.
Es preciso mirar más allá de las estadísticas, las cifras y los denominados “individuos” para adentrarnos en la realidad de personas, seres humanos, sujetos de derecho que requieren con urgencia que el Estado se encargue de poner en práctica, medidas de fondo para cubrir todas las áreas de la vida, como la protección y la seguridad social, salud y servicios sanitarios, educación, empleo, vivienda, transporte, incluyendo la cultura, el ocio y el deporte.
La Fundación Nacional de Discapacitados realiza la importante tarea de llevar a cabo acciones de educación y transformación social: acceso a las comunicaciones, a una rehabilitación integral, capacitación, trabajo, justicia, acceso a la información, redes de apoyo, bienes y servicios, así como también a los derechos electorales y políticos. Esta es nuestra tarea en un contexto que está generando cada vez más personas con discapacidad, prevenir es el desafío de estos tiempos.
